Fondos europeos y agricultura
puso una revolución para la humanidad, fueron los pueblos nómadas los que empezaron a cultivar la tierra convirtiéndose en seres sedentarios. Es el período del Neolítico el que abre la puerta hacia el desarrollo, con la agricultura, la alfarería, la escritura, la rueda o los tejidos, y, en definitiva, hacia la vida como ahora la conocemos.
A día de hoy la agricultura sigue proporcionando al ser humano los alimentos necesarios y esenciales para su supervivencia. Pero definir la agricultura solamente como la actividad del sector primario que proporciona recursos básicos nos describe una situación alejada de la realidad actual.
El sector agrario, más necesario que nunca
La agricultura es una actividad económica generadora de riqueza y de empleo, y beneficiosa para el medio ambiente, ya que busca la preservación de la producción para el futuro y contribuye a la conservación de los suelos. Constituye un referente hacia la economía sostenible, donde el crecimiento económico y social concilien con el respeto al medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.
La traducción en cifras de la agricultura arroja resultados que evidencian que estamos ante una de las principales actividades económicas de todo el territorio español y de la Comunitat Valenciana en particular. Esta evolución de la agricultura tradicional, entendida como la productora de alimentos, hacia una economía emergente y ejemplarizante como referente de la economía sostenible se ha visto acelerada como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que ha puesto de manifiesto que los sectores agrarios son más necesarios que nunca.
Además, es la economía de proximidad, la también conocida como ‘economía de km 0’, la que ha supuesto un valor añadido, dando respuesta a las necesidades de la población. Prueba de ello es el hecho de que el sector agrario ha sido el único sector económico que ha visto aumentado su PIB en el primer trimestre del año 2020, con un crecimiento del 1,6 % que, a la vista de la pérdida acaecida en el primer trimestre del año 2019, del 4,2 %, supone un aumento de 5,8 puntos porcentuales.
No obstante, el sector no escapa de las exigencias de los mercados, que piden desarrollos dirigidos hacia la vanguardia de las tendencias, y esto implica implementar innovación e investigación en la agricultura.
La Comunitat Valenciana, por medio del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), canaliza la planificación estratégica sobre investigación, desarrollo e innovación. A nivel estatal, es el Portal IDi-A, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el que tiene como objetivo impulsar el sector en materia de innovación.
El máximo exponente lo encontramos al analizar el sector agrario en el campo de la exportación, puesto que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en volumen de exportación, solo por detrás de Andalucía y Cataluña, y ello lleva a encontrarse frente a los niveles de exigencia de la demanda externa, hecho que hace necesario tener un buen conocimiento de los mercados así como de las distintas necesidades según la sociología peculiar de cada territorio.
En el año 2019 el valor exportador supuso un total de 31.160,2 M€, según los datos publicados por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Sobre los fondos europeos y su reparto
El panorama descrito requiere de ayudas económicas desde las administraciones públicas, como responsables del sostenimiento y mantenimiento de las actividades económicas del sector primario y como impulsoras del sector hacia una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Pero no es una situación aislada de nuestro territorio, sino globalizada: el cambio climático, la desigualdad en el reparto de riqueza o la destrucción de las reservas naturales son componentes que afectan a toda la humanidad.
Europa ha de ser conocedora de la necesidad de realizar políticas sectoriales que ahonden en resolver la problemática que afecta a todos los Estados miembros, en beneficio de una Europa unida. Así, en aplicación del principio de solidaridad, es primordial apoyar a aquellas regiones más desfavorecidas.
Este es el fin último de los fondos europeos, reconducir la disparidad socioeconómica reestructurando el reparto de riqueza. Sin obviar la necesidad de hacer del sector agrario un mercado competitivo, aplicando las políticas de innovación, desarrollo e investigación esenciales para mantenerse dentro de los sistemas productivos.
Desde sus orígenes, los fondos europeos han venido siendo asimilados por la agricultura de forma natural, entendidos como una ayuda económica al sector primario, esencial y fundamental para el desarrollo y el bienestar de toda la ciudadanía.
Pero entrada ya a la segunda década del siglo XXI, la estructura actual debe dar respuesta a las necesidades del sector, no solo económicas, sino también de evolución y desarrollo, además de impulsar hacia la economía sostenible y el liderazgo de esta por el sector agrario, a la vanguardia en cultivos, con la apertura de nuevas líneas de negocio, competitividad en el mercado y digitalización.
La mayor fuente económica de ayuda europea al sector agrario viene regulada desde la Política Agraria Común (PAC) y se gestiona a través de dos tipos de fondos: por una parte, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), dirigido al productor agrario; por otra, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cuyo objetivo es atajar los problemas de las zonas rurales.
Parece que también la pandemia de la COVID-19 ha puesto a los Estados miembros en una situación de ultimátum para finalmente cerrar un acuerdo entorno a la PAC, para el nuevo período 2021-2027, tras unas negociaciones que se han demorado más de dos años, provocando con ello una falta de respuesta inmediata para el sector agrario.
Durante el período moratorio de dos años los agricultores i agricultoras seguirán percibiendo las ayudas de la PAC del mismo modo que venían siendo beneficiarios hasta el momento; la aplicación del nuevo programa de la PAC entrará en vigor a partir del año 2023.
Los objetivos de este nuevo programa, según ha publicado la Comisión Europea, son: garantizar una renta justa a los agricultores y agricultoras; aumentar la competitividad; reequilibrar el poder en la cadena alimentaria; actuar contra el cambio climático; proteger el medio ambiente; preservar los paisajes y la biodiversidad; apoyar el relevo generacional; mantener zonas rurales dinámicas, y proteger la calidad alimentaria y sanitaria.
Además, pretende mejorar el reparto de los mismos, para lo cual ha propuesto: aumentar el nivel de ayuda por hectárea para las pequeñas y medianas explotaciones; reducir el porcentaje de los pagos directos recibidos por encima de 60.000 euros por explotación y limitar los pagos a 100.000 euros por explotación, con vistas a garantizar una distribución más equitativa de los pagos; reservar a la gente joven una ayuda de un mínimo del 2 % de los pagos directos asignados a cada país de la Unión Europea, complementada con una ayuda financiera en virtud del desarrollo rural y medidas para facilitar el acceso a la tierra y los traspasos de tierras, y obligar a los países de la UE a garantizar que solo reciban ayuda los verdaderos agricultores y agricultoras.
Es obvio afirmar que la financiación es más que necesaria para llevar a cabo el desarrollo y la transformación del sector agrario hacia la era digital y la economía sostenible. La Comunitat Valenciana, ya castigada por el actual modelo de financiación, también puede verse discriminada ante un reparto de los fondos europeos que no se ajuste a criterios claros de asignación, o en los que se reproduzca un sistema de reparto como el de la financiación que de nuevo azotaría a una comunidad autónoma perjudicada económicamente.
Ello dependerá, por una parte, del plan estratégico a desarrollar a nivel estatal, bajo un modelo, el actual, de estructuración centralizado con criterios de regionalización para los pagos directos, frente a un criterio de repartos por hectáreas.
Y, por otra parte, con destino al segundo pilar de la PAC, hacia los Programas de Desarrollo Rural, que son financiados con cargo a los FEADER, y la aportación de los fondos nacionales y los propios de la comunidad autónoma, donde debe incidirse en evitar un desequilibrio con el reparto de estos fondos.
El nuevo acuerdo contempla un cambio en la clasificación de las regiones, bajo el mismo criterio del PIB per cápita respecto a la media de la UE-27, pero con tres horquillas: la primera, para las regiones menos desarrolladas, con un 75 %; la segunda, para las regiones en transición entre el 75% y el 100 %, y la tercera, para las regiones desarrolladas igual o superior al 100 %. En este nuevo panorama a priori la Comunitat Valenciana debería verse beneficiada por cuanto pasaría de ser considerada como región desarrollada a región en transición, en atención a su PIB per cápita.
Ante esta situación, es crucial que el reparto de los fondos se realice en consideración a mejorar y recompensar a las autonomías, como la Comunitat Valenciana, por su situación de empobrecimiento respecto del resto de autonomías ante la infrafinanciación, de modo que se consiga un marco de reparto de nivelación, dando respuesta al principio de solidaridad entre autonomías recogido en la Constitución Española, y con el objetivo de que el crecimiento económico se produzca de forma unitaria en todo el territorio, con igualdad entre autonomías, como mecanismo para superar la grave crisis económica que viene de la mano de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.
Esta reconducción del reparto de fondos en consideración a la compensación por infrafinanciación, buscando el reequilibrio, sumado a los pagos directos en atención al volumen de hectáreas, frente al reparto autonómico, supondría conseguir una igualdad competitiva de carácter interno nacional.
La situación en la que nos encontramos hace más que necesario impulsar el avance del sector agrario, que puede beneficiar a la ciudadanía en su conjunto: con el aumento del PIB, factor crucial en los próximos tiempos; el aumento en las tasas de empleo; la conservación y recuperación de las zonas rurales, dando cobertura a las zonas en situación de riesgo por despoblación, repobladas con personas migrantes que actualmente ya forman parte del sector agrario al cubrir las distintas campañas agrícolas; el relevo generacional y la inclusión de género como alternativas de negocio viables; la lucha frente al cambio climático, y la propulsión de la economía sostenible.
Mejoras y retos
No obstante, el campo muestra sus recelos frente a la nueva PAC, a la espera de conocer cuál será el resultado final y si efectivamente se premiará el buen impacto medioambiental y el beneficio que por ejemplo aporta al medio ambiente el cultivo citrícola de la Comunitat Valenciana, frente a otros cultivos más continentales y que tienen un impacto más perjudicial. Ello supondría que la política agraria europea, en cumplimiento de sus propios objetivos, finalmente decanta la balanza a favor del medio ambiente frente a la pugna de corte puramente económico.
Implicaría también un mayor control sobre el destino y la justificación del uso de los fondos, para conseguir la valo ración y el alcance del impacto medioambiental de la producción agraria, con base en datos medibles objetivamente, puesto que de nada serviría un plan estratégico para conseguir frenar el cambio climático si no se realizan las oportunas mediciones respecto a las acciones tomadas, en aras a realizar una tasación de sus efectos y determinar, en su momento, las mejoras oportunas a adoptar.
No en vano el Tribunal de Cuentas Europeo en el Informe Especial 13/2020, de fecha 19 de mayo de 2020, concluyó que:
«Durante la auditoría, evaluamos si la política agrícola de la UE ha contribuido a mantener y a reforzar la biodiversidad agrícola, y constatamos que la formulación de los objetivos relativos a la agricultura de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad dificulta la medición de los progresos, que la forma en que la Comisión hace un seguimiento del gasto en biodiversidad en el presupuesto de la UE no es fiable, que el impacto de los pagos directos de la PAC es limitado o desconocido, y que la Comisión y los Estados miembros han favorecido las medidas de desarrollo rural de menor impacto. Recomendamos que la Comisión mejore el diseño de su próxima estrategia sobre la biodiversidad, refuerce su contribución a este ámbito mediante pagos directos y medidas de desarrollo rural, supervise con mayor precisión los gastos relativos a la biodiversidad y elabore indicadores fiables adaptados para supervisar los progresos realizados en la biodiversidad agrícola.»
Recomendaciones que han sido aceptadas por la Comisión Europea, en su expresa contestación.
Llegado este punto, quedan por analizar cuáles serían los fondos no económicos que destinaría la UE para favorecer el sector agrario o, dicho de otro modo, cuáles serían las medidas a tomar para conseguir los fines últimos de rentabilidad del sector bajo una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente, generadora de riqueza y de empleo.
Esta batería de medidas comportaría coherencia de acciones, de modo que los productores se vean recompensados no solo por las ayudas económicas, sino por beneficios a su llegada al mercado, donde, definitivamente, se obtendrá la rentabilidad a su actividad. De modo que, a sensu contrario, aquella producción que no cumpla con los principios y objetivos de la UE no tenga mejores condiciones competenciales en el mercado. Solo de este modo se atajaría la actual situación de competencia desleal que se está viviendo con la entrada de producción que no cumple con los requisitos exigidos a las regiones pertenecientes a la UE-27.
En este punto adquieren especial relevancia políticas agrarias europeas que deben mejorarse para restablecer una situación de mercado de competencia leal. Solo a modo de ejemplo, se citan algunas a continuación.
En primer lugar, la aplicación igualitaria de la utilización de productos fitosanitarios, puesto que, si el objetivo del marco regulador de la UE es garantizar la salud pública y el medio ambiente, resulta incongruente no beneficiar aquellas producciones que efectivamente asumen un sobrecoste de producción por cumplimiento normativo, frente a la producción procedente de terceros países sobre los que no se dispone de ningún control para la preservación ni de la salud pública ni de la conservación del medio ambiente. Así, urge la actualización de la normativa europea en materia fitosanitaria para dar una respuesta ágil a los problemas de plagas, que encrudecen el sector agrario.
Además, resulta importante la protección del medio ambiente con aplicación arancelaria a las importaciones sobre la huella de carbono, en beneficio del consumo de proximidad. Esta cuestión está siendo estudiada por la Comisión Europea bajo la denominada carbon border tax para cumplir con el Acuerdo de París de reducir las emisiones contaminantes. También es necesaria una mejora en el etiquetaje que permita que el consumidor final identifique con claridad que el producto de producción europea cumple con los objetivos de respeto del medio ambiente; lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y contra la esclavitud infantil, y genera riqueza y empleabilidad desde una economía sostenible.
Las cuestiones anteriores, y otras, requieren ser tratadas con urgencia para establecer un mercado donde el productor agrícola encuentre reciprocidad de trato. Más importantes que las ayudas económicas –que, evidentemente, no son el fin último de los productores y productoras–, es que su colaboración con la UE se vea recompensada a su llegada al mercado.
La despensa de Europa
Los retos a determinar deberían tener dos ámbitos de actuación: uno de carácter interno y otro de carácter externo. El primero consistiría en aglutinar el alma del sector agrario contando con todos sus agentes para dirigir un mensaje claro y conciso, tema no ajeno a complicaciones atendiendo a la heterogeneidad de los actores y de las distintas perspectivas para afrontar los retos que la agricultura debe acometer. El segundo debe poner en valor la agricultura mediterránea en Europa, y esto solo podrá realizarse con una fuerza impulsora a través de un lobby valenciano, como afirmó la propia consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en una entrevista contenida en la revista n.º 252 de AVA-ASAJA.
No podemos menospreciar el sector agrario, sino todo lo contrario: la agricultura puede ser la respuesta a la crisis económica. Por ello, hay que situarla como sector potencial, donde la Comunitat Valenciana podría liderar el cambio de prisma, dirigiendo la mirada de Europa hacia el Mediterráneo y convirtiendo nuestro territorio en la despensa europea. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una reestructuración social a nivel mundial, poniendo de relieve la fragilidad de una economía basada en la producción externa que, ante la fuerza mayor, no puede dar respuesta a las necesidades más básicas, como es la alimentación. Focalizar las acciones hacia el consumo de proximidad resolvería esta cuestión, impidiendo encontrarse ante una situación catastrófica de falta de abastecimiento, además de ayudar a frenar el cambio climático, reduciendo a niveles mínimos la huella de carbono que supone la importación de la agricultura de terceros países. También daría respuesta a la despoblación, a través de los flujos de personas migrantes, que favorecería el crecimiento del empleo, y, por ende, un aumento en la cotización pública.
Todo ello redundaría en la generación de riqueza procedente de una materia prima incombustible, de la que la Comunitat Valenciana es benefactora por la disponibilidad del espacio. Por su parte, la UE no puede permitirse perder la agricultura como sector estratégico en la economía global